Terapia Ocupacional en el tiempo histórico del Acuerdo de Paz: posibilidades y retos para ampliar nuestros campos de acción

Occupational Therapy during the historical Peace Process period: challenges and possibilities to broaden our action areas

Terapia Ocupacional no tempo histórico do Acordo de Paz: possibilidades e desafios para ampliar nossos campos de ação

Andersson Julián Ospina Benavides1

Recibido: 9 de abril 2019 • Enviado para modificación: 14 de enero 2020 • Aceptado: 25 de febrero 2020

Ospina-Benavides, A.J. (2019). Terapia Ocupacional en el tiempo histórico del Acuerdo de Paz: posibilidades y retos para ampliar nuestros campos de acción. Revista Ocupación Humana, 19 (2), 25-37. https://doi.org/10.25214/25907816.863

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RESUMEN

Este artículo expone una reflexión desde Terapia Ocupacional, situada en el momento de inflexión histórica que atraviesa Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). A partir del documento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se busca identificar espacios de incidencia y acción profesional que amplíen los roles tradicionales de la profesión, atendiendo a la nueva institucionalidad que de este se deriva. Se identifican y analizan seis subpuntos del Acuerdo, en los cuales la participación de terapeutas ocupacionales se considera pertinente. Este análisis se articula con reflexiones de otras colegas sobre Terapia Ocupacional en contextos de conflicto armado y posacuerdo de paz, considerando el escenario actual como una oportunidad para abrir nuevos campos de ejercicio y transferir el acumulado teórico y la experiencia de la profesión a una necesidad del país, en pro del interés colectivo.

Palabras clave

Terapia Ocupacional, paz, consolidación de la paz

Abstract

This article presents a reflection from Occupational Therapy, in the setting of the historical inflection moment that Colombia is going through with the peace agreement between the National Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP). From the Final Agreement for the Termination of the Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace document, the aim is to identify areas of impact and professional action that broaden our traditional roles, taking into account the context of new institutionality derived from the agreement. Six sub-points of the Agreement are identified and analyzed, in which the participation of occupational therapists is considered relevant. This analysis is articulated to the reflections of other colleagues about the professional participation in contexts of armed conflict and post-peace agreement, considering the current period as an opportunity to open up new areas of professional practice and to transfer the profession’s experience and theoretical capital accumulated to the country’s needs, in benefit of the collective interest.

Key words

Occupational Therapy, peace, peacebuilding

RESUMo

Este artigo expõe uma reflexão da Terapia Ocupacional, localizada no momento de inflexão histórica, pela qual a Colômbia está passando, após a assinatura do Acordo de Paz entre o Governo Nacional e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército Popular (FARC-EP). A partir do documento Acordo Final para o Término do Conflito e a Construção de uma Paz Estável e Duradoura, busca-se identificar espaços de incidência e ação profissional que ampliem os papéis tradicionais da profissão, levando em consideração a nova institucionalidade que daí deriva. Seis sub-pontos do Acordo são identificados e analisados, nos quais a participação de terapeutas ocupacionais é considerada pertinente. Esta análise articula-se com reflexões de outros colegas sobre Terapia Ocupacional em contextos de conflito armado e acordo pós-paz. Considera-se o cenário atual como uma oportunidade para abrir novos campos de prática e transferir a teoria e a experiência, acumuladas da profissão, para a necessidade do país, em prol do interesse coletivo.

Palavras-chave

Terapia Ocupacional, paz, construção da paz

Introducción

La idea original que llevó a la escritura de este artículo surgió en el contexto de una serie de intervenciones interdisciplinarias realizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Carlos Patiño2, ubicada en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Estas zonas, distribuidas en 27 puntos a lo largo del país, fueron definidas como espacios para facilitar la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de guerrilleras y guerrilleros, en el marco del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre del 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), insurgencia de tradición comunista que, desde su origen en 1964, desplegó un accionar político-militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

En este momento de tránsito a la vida civil, el escenario estaba cargado de incertidumbre por las difíciles condiciones de implementación de la paz, pero a la vez se vivía un ambiente de esperanza, en el cual logré dimensionar la relevancia histórica de este proceso de paz y tuve la certeza de la importancia de nuestro aporte profesional como terapeutas ocupacionales al mismo. En nuestro gremio esta visión ha ganado importancia, consolidándose la convicción de la necesidad de apropiarnos de la construcción de paz y materializándose en investigaciones, acompañamientos en territorio y apertura de espacios de intercambio desde la academia y el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional.

Con la intención de contribuir en este ejercicio colectivo por una Terapia Ocupacional comprometida con el reto histórico de consolidar las transformaciones para el logro de la paz en Colombia, en este artículo propongo un análisis, desde una perspectiva profesional, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Pretendo aportar una mirada global para promover la apropiación de los nuevos espacios de acción derivados de los lineamientos de este pacto político, que debe ser entendido y analizado como una política pública (Aprile y Vázquez, 2017).

Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que, además de ser una aspiración para buena parte de la población colombiana, el Acuerdo de Paz tiene un blindaje constitucional, de manera que será una directriz central de los planes nacionales de desarrollo y de las políticas públicas durante, al menos, 20 años. Por esta razón, delineará programas y proyectos, y direccionará cuantiosos recursos en los que nuestra participación e iniciativa profesional debe ser fundamental.

En este análisis tomo como referencia los planteamientos de Solángel García, para delinear una ruta de acción que nos permita aprehender e incidir sobre la complejidad de nuestra vida social como nación, en perspectiva de ser sujetos políticos que aporten efectivamente, desde su quehacer, a la transformación social:

Ser sujeto político significa tener una concepción del mundo, conocer la situación que nos circunda, comprender la realidad, esto es, tener la capacidad de ver y comprender el mundo donde estamos inmersos, poner posición, criterio y puntos de vista frente a ello. (García, 2016, p. 86)

En esa dirección, el presente artículo abre una reflexión sobre seis subpuntos del Acuerdo en los que considero que, desde las terapias ocupacionales colombianas, existe un gran potencial para intervenir y ampliar el horizonte de nuestros campos de acción, a la luz del reconocimiento del momento histórico que vivimos como nación y de la realidad del país.

El significado histórico del Acuerdo de Paz y los intereses en disputa

Entiendo la importancia de este análisis en relación con el lugar y el tiempo de inflexión que vive Colombia ante la posibilidad de trascender los ciclos de violencia que hemos afrontado como sociedad. Considero, entonces, que no existe razón para marginarnos de este debate, más si entendemos que nuestra profesión, al igual que nuestra vida, tienen una relación directa con la política. Como lo señalan Pino et al.:

La Terapia Ocupacional es política, en ningún caso se puede pensar en la “neutralidad” (por si llegase a existir dicha neutralidad) ni en que es apolítica, considerando que estamos inmersos en relaciones de poder y [que] la vida cotidiana está influenciada-regida por distintas políticas, es más, las practicas por tanto los saberes de Terapia Ocupacional están sumergidos en políticas impuestas muchas veces por el Estado. Es también un dispositivo que centra su hacer/saber en la ocupación de las y los sujetos. (2015, p.13)

Estamos inmersos en la violencia reproducida en nuestro país como infortunado signo distintivo, donde la Terapia Ocupacional también ha jugado un papel, principalmente atendiendo las consecuencias del conflicto en razón de las cientos de miles de víctimas que ha dejado. Más allá de las lamentables consecuencias, seguimos dando el debate sobre las causas estructurales que han reeditado una y otra vez la violencia en el país y que aún hoy persisten, manteniendo la presencia armada de diferentes organizaciones en el territorio nacional. Esta discusión se ha dado de manera reciente alrededor del pacto firmado entre las FARC-EP y el Estado colombiano.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es considerado por expertos en resolución de conflictos como un hito en cuanto a su arquitectura y concepción. Así, prestigiosas instituciones académicas, como el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, lo consideran un acuerdo de tipo comprensivo:

Para que un acuerdo sea considerado comprensivo debe cumplir con dos criterios: ser producto de negociaciones que incluyan al Gobierno y al principal grupo o grupos armados opositores, y que las negociaciones hayan abordado las principales cuestiones que originaron la disputa entre las partes de manera que, al finalizar la negociación, estas se reflejen en el acuerdo. (2018, p.12)

Pese a obedecer a una disputa asimétrica de fuerzas políticas antagónicas, el Acuerdo de Paz, desde su concepción y por las profundas transformaciones que implica su implementación, abre una posibilidad sin antecedentes para modificar aspectos nodales de la vida nacional, que pasan por la tenencia y el uso de la tierra, las garantías para el ejercicio de la oposición, la cultura política y, en general, acciones que superen la exclusión y la desigualdad estructural.

A ese respecto, Rueda sostiene la tesis de que en Colombia existe una modernidad postergada, principalmente por cuenta de la visión limitada de las élites desde el periodo de la independencia, que ancló al país en prácticas de aplacamiento y distorsión de los sectores subalternos, reproduciendo violencias permanentes. En este sentido, afirma que el Acuerdo de Paz “ha abierto de una forma más fuerte que el movimiento de la Constituyente de 1991 el camino de una transformación de las subjetividades políticas y, por esta vía, el de un fortalecimiento profundo del Estado de Derecho” (2016, p.48).

Es precisamente en razón de la ruptura histórica puesta en disputa con el Acuerdo de Paz, de la posibilidad de transitar escenarios que tensionan la continuidad de la dominación de clase por parte de las élites tradicionales, que vivimos una confrontación permanente en el plano propagandístico, simbólico, cultural y político. En palabras de Estrada (2015), “la alta probabilidad de transitar escenarios de paz en Colombia incidirá favorablemente sobre el actual campo de fuerza, imprimiéndole un nuevo impulso al proceso de cambio político, socioeconómico y cultural democrático de nuestra América”. En consecuencia, puede afirmarse que la descomposición del debate político en torno al Acuerdo de Paz obedece, principalmente, a los intereses de sectores políticos y económicos por la continuidad de un estado de cosas históricamente desigual y excluyente en Colombia.

Difícilmente algún miembro de la sociedad colombiana ha estado ajeno a este debate, que por las características de falacias y desinformación que ha tomado, ha logrado enrarecer y deslegitimar en importantes sectores sociales la relevancia histórica de la solución política del conflicto. Quizás el elemento más representativo de las características del debate es el plebiscito por la paz del año 2016, un momento de inflexión en la posibilidad de concretar el Acuerdo de Paz. A este respecto, y una vez analizados los métodos de la denominada “campaña del NO”, la magistrada Lucy Bermúdez del Consejo de Estado concluyó:

De ahí que se concluya la existencia de un engaño generalizado que anuló la libertad del electorado para escoger autónomamente entre las opciones existentes frente al plebiscito en cuestión, pues, como se demostró, quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en relación con los temas de ideología de género, eliminación de subsidios, afectación del régimen pensional, impunidad, víctimas y cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela3 a los cuales el Despacho se refirió en precedencia, lo cual, a su vez, provocó un clima de desinformación, manipulación, distorsión de la verdad –necesaria para la adopción de una decisión soberana– relacionada con la definición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad. (Consejo de Estado, 2016, p.102)

El Acuerdo de Paz, una realidad constitucional, social y cultural

Superados los principales escollos políticos y modificados aspectos del primer documento, se firmó en el mes de noviembre del 2016 el Acuerdo de Paz vigente, el cual contiene los consensos obtenidos alrededor de los seis puntos de la agenda de diálogos de La Habana. Posteriormente, se incorporó al bloque de constitucionalidad a través del Acto Legislativo 1 (2016) y el Acto Legislativo 2 (2017). Así, pese a las formas que tomó el debate político, el Acuerdo de Paz logró el blindaje constitucional y, aun con las múltiples dificultades y cuestionamientos sobre la voluntad real de implementación, se ha traducido en diversas medidas que han impactado los territorios.

Dada la complejidad del conflicto colombiano, la implementación del Acuerdo Final contempla un periodo de por lo menos dos décadas. De tal manera que, como se ha probado en los últimos años, esta discusión será central por un largo tiempo, en el cual se dedicarán ingentes recursos y capacidades institucionales. Pese a las incertidumbres propias del debate político, la realidad jurídica del Acuerdo impone a los gobiernos subsecuentes, independientemente de su opinión, el cumplimiento de este pacto de Estado. En palabras del abogado Enrique Santiago (2018):

La Corte Constitucional precisó el alcance que debe tener la expresión “deberán guardar coherencia”, concluyendo que “impone a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe de los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido”. (p.19)

Lo anterior quiere decir que existe, por parte del poder ejecutivo, la posibilidad de decidir sobre la forma en que se aplicará este acuerdo, pero no hay margen de discusión sobre si este se implementa o no, pues este compromiso de Estado se debe cumplir.

Adicionalmente, los recursos necesarios para esta tarea permiten preveer oportunidades de nuevos campos y contextos de trabajo; en este sentido, el Documento CONPES 3932, que define el Plan Marco de Implementación, estableció 501 indicadores asociados a las medidas que conlleva la implementación:

Asimismo, en concordancia con el capítulo de paz del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Marco de Implementación definió un monto indicativo de 129,5 billones de pesos de 2016 con horizonte de 15 años que van desde 2017 hasta 2031, para el cumplimiento del Acuerdo Final. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018, p.12)

Queda claro, entonces, que el tema de la paz es de largo aliento y será un eje central de la política de Estado; en consecuencia, nos debemos articular, buscar incidencia política, posicionar nuestras visiones y aportes, y acceder a las tareas de implementación.

Terapeutas ocupacionales en el contexto del posacuerdo de paz

Como terapeutas ocupacionales en Colombia no hemos sido ajenos al momento de transformación histórica que, en medio de contradicciones y álgidas disputas, vive el país con el proceso de paz. Es así que se vienen desarrollando diversas experiencias de investigación y acción aplicadas a los programas contemplados en la etapa de posacuerdo.

Dado el enfoque tendiente a intervenir sobre las causas estructurales de la violencia que posee el Acuerdo de Paz, nuestro rol y posibilidades se amplían, trascendiendo las acciones centradas en las víctimas de la guerra, para proyectar un horizonte más amplio. Como lo señalan Gómez et al. (2017), la literatura nacional e internacional avala la relevancia de la Terapia Ocupacional en este contexto.

Diferentes investigaciones dan cuenta de nuestro importante papel; por ejemplo, en la atención sociolaboral de exguerrilleros, con experiencias retomadas desde el conflicto en Nicaragua, se propuso un programa de reorganización del desempeño ocupacional (Cuellar, 2000). De otro lado, la revisión de literatura realizada por Peñas y Parra expone la escasa publicación de nuestras experiencias, pero a su vez rescata una tendencia en el abordaje, que tiende a superar visiones limitantes sobre nuestro quehacer:

El estudio evidenció la introducción de frecuentes categorías desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional crítica. Estas afianzan el papel del profesional en fenómenos de exclusión social y violencias, más allá de la estricta asistencia sanitaria, como agente de transformación que acude a la dimensión sociopolítica de la ocupación humana. (Peñas et al., 2015)

Pese a tener una presencia relevante, principalmente en los campos de inclusión productiva y rehabilitación funcional, como lo analizan estas autoras, nuestro reconocimiento específico en los marcos normativos es inexistente, razón por la cual se hace necesario el impulso gremial para el posicionamiento de nuestro alcance en campos diferentes al clínico (Peñas et al., 2017).

Estando en un momento de transformaciones y adaptaciones institucionales del posconflicto, se hace necesario conocer el Acuerdo para anticipar iniciativas que nos permitan ocupar un lugar en el marco normativo y en las acciones estatales enfocadas al logro de la paz.

El Acuerdo Final de Paz, una lectura desde Terapia Ocupacional

Más allá de los mitos sobre un acuerdo centrado exclusivamente en temas técnicos agrarios o de especialistas en justicia transicional, el Acuerdo de Paz abre escenarios en los que el papel profesional de la Terapia Ocupacional es importante. Esto, además de estar relacionado con la necesidad de incidir en los marcos normativos para posicionar nuestra profesión, tiene que ver con el papel político que tenemos. Siguiendo a García:

En este contexto colombiano de los diálogos de paz, el posconflicto, el posacuerdo, propongo que nuestro proyecto político se oriente a hacer visible la Terapia Ocupacional, que a veces es invisible hasta para los terapeutas ocupacionales. Que dejemos de ser disciplinados, hagamos parte abiertamente en contextos como el de los diálogos de paz, desde el lugar y la práctica que ejerzamos, donde la integración de la política, la reconciliación política y la participación ciudadana sean parte natural del proceso. (2016, p.89)

Desde esta perspectiva, propongo algunas ideas sobre los campos de participación que abre el Acuerdo Final y, por ende, las formas en las que podemos aportar desde los saberes construidos históricamente en nuestras elaboraciones teóricas y nuestro ejercicio práctico.

El documento acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP incluye seis puntos: 1) reforma rural integral; 2) apertura democrática para construir la paz, participación política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y compromiso sobre derechos humanos; 6) implementación, verificación y refrendación (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016).

Cada uno de estos puntos contienen una serie de intenciones, enunciados, objetivos de política pública, programas, nuevas estructuras del Estado y enfoques para abordar problemas públicos. Un análisis del texto permite ver que, más allá de enunciaciones o respaldos generales, nuestros aportes en muchos puntos de la implementación del Acuerdo de Paz serían de profunda relevancia. Aquí postulo la existencia de, al menos, seis subpuntos del acuerdo en los que la Terapia Ocupacional debería desplegar iniciativas.

El primero de ellos es el contenido en el numeral 1.3.2. del eje Reforma Rural Integral, titulado Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. En él se habla de la creación e implementación del Plan Nacional de Salud Rural, que se debe dar en el marco de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas. Además de la dotación de infraestructura física y el enfoque diferencial de género, que es transversal en el Acuerdo, se establece un sistema de seguimiento para la calidad y la oportunidad de la atención.

En junio del 2018, el Ministerio de Salud publicó su documento borrador de Plan Nacional de Salud Rural. En este, en general, nuestra profesión y su visión se encuentran marginadas, la única alusión concreta a la Terapia Ocupacional se refiere a la densidad estimada de terapeutas ocupacionales en el país, que es de aproximadamente un profesional por cada 10 mil habitantes en zonas rurales y de 0,5 terapeutas por cada 10 mil habitantes en áreas rurales dispersas, siendo una de las cifras más bajas de presencia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Esta situación debe concitarnos a ejecutar acciones concretas que, además de visibilizar nuestros aportes en la atención de la población rural, abran este campo de trabajo, por fuera de los -en ocasiones- saturados mercados laborales urbanos.

Dentro del mismo punto de Desarrollo social se incluye el numeral 1.3.2.2., que define medidas sobre la educación rural. A este respecto, se establece que el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. La sola enunciación del tema permite imaginar múltiples formas, estrategias y lineamientos que podríamos aportar desde nuestra profesión. En julio del 2018, el Ministerio de Educación presentó un documento en el que se introducen, desde el concepto de lo socio-ocupacional, diferentes acciones que guardan relación con nuestras competencias profesionales, por ejemplo:

(…) para fortalecer las competencias profesionales de los educadores rurales que se desempeñan en el nivel de media, se construirá una estrategia de formación de docentes centrada en (i) orientación socio-ocupacional y competencias socioemocionales para promover el desarrollo de planes personales de vida desde el contexto rural. (Ministerio de Educación Nacional, 2018, p.105)

Además de la formación docente, el abanico de posibilidades se despliega en diversos sentidos, entre ellas, la potencialidad de promover estrategias interdisciplinarias de estimulación temprana adecuada, aprestamiento educativo o evaluación en contexto escolar para detectar situaciones e impactar el desempeño ocupacional, situados en una realidad rural, son también una posibilidad para disminuir las acentuadas brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad.

Por otra parte, el numeral 1.3.3.5., referente a la formalización laboral rural y protección social, define que el Gobierno Nacional debe tomar acciones que fortalezcan el sistema de protección y seguridad social de la población rural. Puntualmente, se hace alusión a la necesidad de realizar promoción para la vinculación laboral de las personas con discapacidad. A este respecto, siendo una profesión ligada en su historia y en su marco normativo a la comprensión y el abordaje de la discapacidad, a lo que se agrega una amplia experiencia en el liderazgo de procesos de inclusión sociolaboral, se abre de manera clara la oportunidad de diseñar lineamientos y ejecutar programas en esta dirección.

Entre tanto, el segundo punto del Acuerdo, relativo a la participación política, incluye el numeral 2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad. Este subpunto habla de medidas dirigidas a la no estigmatización de grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados, dentro de ellos, las personas con discapacidad tienen una mención especial. La necesidad de una visión que aporte a su reivindicación y al cuestionamiento de las estructuras excluyentes resulta un campo de importancia para nuestra profesión.

En este subpunto encontramos, entonces, un nuevo anclaje para seguir avanzando en una visión que rompa con los imaginarios tradicionales alrededor de la discapacidad e imprima un cambio en las condiciones materiales de vida de esta población. Además de enfocarnos en el importante plano discursivo, podemos traducir un enfoque transversal que brinde inclusión en los territorios.

En el tercer punto del Acuerdo, fin del conflicto, el numeral 3.2., referente a la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses, requiere la determinación de las motivaciones y tradiciones ocupacionales de la población excombatiente para definir acciones orientadas a una reincorporación centrada en la realidad de las personas, en su trayectoria vital. Nuestros acervos conceptuales son un insumo fundamental en esta tarea. En esta perspectiva, partiendo de entender que la mayoría de nuestras prácticas se han desarrollado con población victima y no con aquella vinculada a organizaciones alzadas en armas, Gómez et al. refieren:

Podría preverse la necesidad de aumentar la oferta de iniciativas de atención profesional dirigidas a quienes han integrado los grupos armados ilegales, debido a que el Acuerdo de Paz contempla la disposición de acciones que permitan la reincorporación económica y social de los desmovilizados y desvinculados. Procesos de este tipo no solamente tienen un considerable énfasis en el abordaje de lo productivo; también se requerirán medidas desde las demás áreas de actuación del terapeuta: en el marco del trabajo comunitario para hacer frente a la posible discriminación hacia estos grupos; en el ámbito educativo y en lo referente a los componentes psicosocial y biosocial, para mejorar condiciones que le permitan al individuo asumir los distintos roles ocupacionales de su nuevo proyecto de vida. (2017, p.699)

Finalmente, contenidas dentro del punto 4 del Acuerdo Final de Paz se encuentran una serie de disposiciones orientadas a impactar las afectaciones producidas por el consumo de sustancias psicoactivas. Entre ellas se encuentra la creación de programas de prevención del consumo y salud pública, los cuales, por definición, implican diferentes medidas que, si bien son conjuntas y complementarias, se diferencian por su puesta en marcha.

En tal sentido, y dados los diferentes conocimientos y experiencias desde Terapia Ocupacional, presento de manera diferenciada los tres componentes que considero configuran puntos de prioritaria intervención. Se trata del numeral 4.2.1., Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas; acompañado del 4.2.1.2., que crea el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, y el 4.2.1.4., referente a planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional. Estos puntos tienen en común la necesidad de realizar análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas que permitan, junto con el fortalecimiento de la capacidades de las autoridades locales, la formulación y ejecución de planes de acción departamentales y municipales frente al consumo.

Este abordaje, en sí mismo novedoso para el país, presenta una ruptura general con la concepción de tratamiento punitivo a la problemática de las drogas de uso ilícito con la que tradicionalmente se ha actuado. Particularmente en relación con las adicciones, es la apertura a un enfoque de política pública en el que tenemos la posibilidad de ser referentes; para esto, aportes como el de Chávez-Bazzani nos permiten pensar en la incidencia sobre una visión de política que conciba factores sociales y personales:

Los fundamentos filosóficos de la Terapia Ocupacional, frente a la profunda desestructuración de las actividades cotidianas y la alteración de los roles, hábitos y rutinas que implican la presencia de una adicción, constituyen una oportunidad para encontrar el sentido de la vida en el desempeño de las ocupaciones. Retomar el sentido personal y social que tiene la ocupación con propósito, recordar que la ocupación desde un sentido espiritual da una identidad y conlleva a la realización humana, y valorar la importancia subjetiva que tienen determinadas ocupaciones para cada persona son las tareas que el terapeuta ocupacional debe llevar a cabo en su práctica cotidiana. (2013, p.62)

Establecidas estas posibilidades, vale la pena plantearse, en el contexto de inflexión histórica que vivimos, la tarea de construir desde nuestras agremiaciones profesionales y centros de formación una respuesta colectiva que nos permita ocupar los espacios que abre el Acuerdo de Paz para transformar nuestro país y, en ese ejercicio, ampliar el horizonte de nuestra profesión.

Conclusiones

Nuestra profesión se encuentra atravesando debates relevantes en su construcción histórica, particularmente las voces desde nuestra América, con disertaciones relacionadas con el sentido histórico y el contexto real del ejercicio en nuestros países. Estas discusiones ganan cada vez mayor espacio por su capacidad de posicionar conceptos y reflexiones que responden a cuestionamientos de muchos colegas, quienes por años no han encontrado respuestas desde los marcos que delimitaron nuestros orígenes.

La naturaleza política de la Terapia Ocupacional se presenta ante nuestros ojos con una potencia y una claridad cada vez más elaboradas. Esa construcción como sujetos políticos implica, además de las importantes reflexiones, la elaboración de rutas concretas que potencien nuestro papel y relevancia social, atendiendo a las problemáticas de nuestro momento histórico.

Solucionar políticamente un conflicto que ha desangrado por décadas al país es un imperativo ético y político que debe concitar nuestra acción. En la realidad concreta de Colombia, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es la posibilidad histórica de transformar las estructuras que han reproducido la violencia.

Los contenidos del Acuerdo Final presentan grandes oportunidades para renovar el ejercicio de la Terapia Ocupacional colombiana, posibilitando una práctica empoderada y decidida que, desde sus acumulados teóricos y experiencias, aporte a mejorar las condiciones de vida de millones de personas y a su vez se articule con un nuevo proyecto de país en el que la violencia no sea un medio para tramitar o imponer aspectos políticos.

En esta reflexión, propongo seis puntos concretos del Acuerdo de Paz en los cuales se destacan la necesidad y las posibilidades que tiene nuestra profesión. Esta propuesta pretende incentivar la apertura de nuevos campos de ejercicio profesional en los que las experiencias acumuladas se transformen y a su vez transformen las acciones para la consolidación de la paz, dando un sello desde la visión ocupacional que se traduzca en los territorios. Incorporar estas temáticas en la formación universitaria y en la agenda de incidencia política del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional es una tarea de primer orden para el logro de esta aspiración.

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2 Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización fueron creadas en el Acuerdo de Paz como áreas de ubicación temporal de las personas desmovilizadas de las FARC-EP hasta la culminación del proceso de dejación de armas, en agosto de 2017, cuando pasaron a ser Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) (Rodríguez et.al, 2018).

3 La negrilla es del texto original del Autor.